evaluaciones

A continuación se presentan los mejores trabajos realizados durante el primer semestre, en el contexto del curso Institucionalidad Cultural, de la Especialización en Gestión Cultural de la Escuela de Periodismo de la USACH.


TRABAJO FINAL GRUPAL SEGUNDO SEMESTRE 2013: COLOQUIO ARTE PUBLICO

Arte público: una herramienta de generación de identidad en las comunidades

Nicole Castillo Ramírez
Valentina Basáez Rodríguez
María Ester Ibarra Córdova
Sebastián Mora Arriagada

En un mundo donde la urbanización es cada vez más inminente[1] y donde hay una construcción del espacio público que se aleja de las necesidades identitarias de la gente, el arte público se transforma en una herramienta de recuperación de los espacios y también de la memoria de las personas.                                      

Es importante replantearse el espacio público en el ámbito local como el lugar donde la gente pueda volver a encontrarse y pensar de forma colectiva su memoria e identidad.

El término “arte público” es capaz de englobar una pluralidad de significados, a causa de las variadas concepciones que se le pueden dar a las palabras que lo conforman. A causa de ello,  unificar estos dos conceptos en uno nuevo, exige una mayor precisión para determinar la dimensión en la que concebimos el arte y la noción que se tiene del territorio público.

Surge así una nueva idea, referida a las prácticas que tienen la intención de ser realizadas en espacios públicos y accesibles a la comunidad, abordando dentro de ellas diferentes manifestaciones que generen repercusiones en su audiencia. “El arte público preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio” (Blanco, P., Carillo, J., Claramonte, J., Expósito, M., 2001).

No obstante, la idea de un arte público adquiere hoy una nueva perspectiva ligada inevitablemente a un factor ideológico.

Según Jürgen Habermas, en su libro ‘Historia y crítica de la opinión pública’ (1962), “la esfera pública irrumpe en el advenimiento de la sociedad burguesa que inauguró la división estricta entre los ámbitos privado y político (público), siendo la esfera pública el lugar donde las personas emergen de su privacidad y dejan a un lado sus intereses privados para implicarse en asuntos de interés público.” Desde este punto de vista, el concepto de espacio público se puede definir como una esfera social específica y un lugar de debate donde todos los ciudadanos se desarrollan y ejercen su voluntad política.

Más aún, el arte público responde a una necesidad de la sociedad para inmiscuirse en la realidad que la rodea, junto a la posibilidad de usarse como mecanismo para manifestar un descontento ante situaciones que puedan violar derechos o realidades cotidianas. Yayo Aznar y María Íñigo en “Arte, política y activismo” (2007), al respecto, afirman que el arte público es una instancia que permite al artista trabajar en el seno de grupos activistas, “comprometiéndose con determinados colectivos sociales y alejándose, en ocasiones de un modo radical, de las entendidas como tradicionales fronteras del arte”.

De esta manera, las manifestaciones efectuadas en espacios públicos se ligan, a su vez, a demandas que la ciudadanía puede ir reclamando en situaciones específicas. Las actividades organizadas por motivo del movimiento estudiantil del 2011, en el plano local, o la colocación de más de un millón de huesos en las afueras de la Casa Blanca, en Estados Unidos, en 2013, son ejemplos que permiten entrever la ligazón entre arte e identidades.

El protestar sobre un deficiente sistema educacional como el nuestro o por la gran cantidad de muertes que día a día sacude a naciones generalmente más vulnerables (como los genocidios de Sudán o los problemas de Ruanda en los últimos años), son ejemplos de lo anterior.

Ante ello, Naomi Natale, artista y activista norteamericana creadora de One Million Bones (la intervención de restos óseos anteriormente mencionada), advierte la importancia del arte en el ámbito externo a lo estético, argumentando que también “es una herramienta increíblemente poderosa para construir una comunidad y para conectar a las personas con temas de las formas más personales y profundas".

Esta tendencia, también se repite en nuestro país. La necesidad de los habitantes de un lugar para inmiscuirse y relacionarse con su realidad es un aspecto relevante en el día a día. Sobre lo mismo, según una investigación llevada a cabo por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, es necesario “incentivar relaciones de confianza mutua entre vecinos y formar redes de apoyo con el propósito de construir barrios más cohesionados y con mayores niveles de eficacia colectiva frente a problemas donde los mismos vecinos pueden tener un rol protagónico,  en el marco del respeto a la ley”.



La publicación, asimismo, sostiene que es relevante que los vecinos de un barrio, población o villa “tengan una identificación positiva con el lugar de residencia, esto es, que reconozcan en sí mismos y en otros un mínimo agrado con el barrio”. Un ejemplo de lo expresado con antelación son los ‘blocks’ ubicados en la Villa Francia (ver fotos).  



En este sector, ubicado en la comuna de Estación Central, son los propios lugareños los encargados de plasmar sus historias, realidades y pensamientos en las casas de cientos de familias. La represión vivida en dictadura, las demandas sociales que aún se mantienen y la conmemoración de fechas cargadas de tintes sociales como el Día del Joven Combatiente o el 5 de noviembre, fecha del asesinato de uno de los hermanos Vergara Toledo (Pablo), son las temáticas que se repiten en el lugar.

Sumado a los párrafos anteriores, se puede afirmar que familiarizarse con el lugar e  historia que nos rodea, es vital si se quiere ir más allá de la función reflexiva del arte y aprovecharlo como una herramienta de generación de identidad y transformaciones sociales.

Lucy R. Lippard, en “Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa” (2001) refuerza lo recién mencionado, indicando que “si nos miramos a nosotros mismos con una mirada crítica, como parte de un contexto social, como habitantes, consumidores, espectadores o turistas, podremos llegar a entender nuestro papel en los procesos naturales que determinan nuestro futuro”.

[1] De acuerdo a cifras emanadas desde el Banco Mundial, para el 2030, se estima que 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. De igual manera, la entidad asevera que cada día se añaden casi 180.000 personas a las urbes.



TRABAJO FINAL GRUPAL PRIMER SEMESTRE 2013

De Consejo a Ministerio
Cultura y Patrimonio bajo el mismo foco

Aunque genera opiniones divididas, el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Cultura posibilitaría la unión del CNCA, el CMN y la Dibam bajo una misma institución. La medida sería un avance para el funcionamiento de los tres organismos.

Natalia Araya, Jessica Araya, Gianyser González,
Fernanda Guzmán, Jorge Rubio e Ignacio Silva
(Grupo 2)

A diez años de su creación, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) vive uno de los momentos más importantes en su historia. El proyecto de ley enviado por el ex ministro Luciano Cruz-Coke que lo transformaría en Ministerio está siendo tramitado en el parlamento, pudiendo materializar una transformación que resulta fundamental porque representa un reordenamiento institucional y un aporte al desarrollo integral del país.

En la actualidad, el CNCA funciona a través de un modelo participativo que permite la integración de distintos sectores ligados a la cultura y las artes. Con la creación del Ministerio, los cambios serán a nivel de rango, pero la estructuración participativa y legislativa se conservaría en su totalidad, convirtiéndose en la cartera con mayor nivel de participación a nivel orgánico.

Creado en el 2003 bajo el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar, el Consejo tuvo como misión “apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura”[1], pero siempre bajo el alero del Ministerio de Educación. Desde entonces se han conformado en cada periodo como una mesa directiva en la que la única atribución de ministerio es el rango del presidente del directorio, que también asume como ministro de la cartera.

El proceso de la institucionalización de esta rama del Estado ha sido lento y progresivo. No existen registros legales que avalen las intenciones de crear una cartera de cultura en el Estado, en tiempos de dictadura, y este ámbito siempre fue tema del Ministerio de Educación. Llegada la democracia al país, se realizaron distintos estudios con la intención de crear, por primera vez, alguna figura que resguarde la protección de la cultura en Chile.

Entre los años 1990 y 1991, bajo el gobierno de Patricio Alwyn, la Comisión Garretón diagnosticaba la “ausencia en el Estado de una instancia coordinadora y capaz de diseñar políticas culturales que sea el interlocutor público para el mundo de la cultura (…), se coordine el encuentro, intercambio y diálogo, con la comunidad de creadores, las demandas culturales de la población, el sector privado y las industrias culturales”[2]. Sin embargo, más adelante se optó por la posible creación de un Consejo Nacional de Cultura que dependiera del Ministerio de Educación.

Dicha postura se mantuvo seguida de una segunda comisión, liderada por Milan Ivelic , que dictaminó lo mismo que la anterior, pero sugiriendo la conformación de un directorio que pueda otorgar mayor pluralidad a la hora de tomar decisiones. Finalmente, y bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se aprueba el año 2003 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), organismo que existe hasta la actualidad y por el que han pasado cuatro ministros y tres gobiernos.
Text Box: CRONOLOGÍA DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL EN CHILE

El Consejo de Cultura funciona bajo un modelo participativo que permite una independencia y nivel de democracia interna libre de sesgos políticos. Únicamente, depende de forma presupuestaria de la cartera de Educación .

Precisamente ese punto cambiaría con la formación del ministerio, puesto que le otorgaría independencia económica a la cartera. Asimismo, la aprobación del proyecto de ley permitiría reunir bajo una misma institución al CNCA, al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), tres organismos evidentemente relacionados entre sí, pero que en la actualidad presentan realidades muy distintas e incluso dependen de distintos ministerios.

“Con esto, lo que nosotros vamos a poder lograr es que cuando el ministerio, a través del Consejo nacional de la cultura y el patrimonio, apruebe una política cultural, las instituciones patrimoniales van a tener que acatarla. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, donde pueden hacer oídos sordos” reflexiona sobre este tema Juan Carlos Silva, Asesor Legislativo Gabinete Ministro. Y profundiza: “Ya no lo van a poder hacer, porque van a estar bajo el mismo paraguas administrativo legal de un ministerio, por lo tanto van a tener que cumplir con la política en lo que al patrimonio se refiere”.

LA DISIDENCIA

Sin embargo, han salido muchas voces en oposición a la aprobación de la ley que dictamina la creación del Ministerio. En una carta enviada a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados por parte de un numeroso grupo de actores sociales involucrados en el tema, difieren en muchos puntos con la nueva institucionalidad de la cartera.

Una de las posturas se basa en la creación del Consejo Nacional de Cultura y Patrimonio dentro del Ministerio haría mucho más complejo el acceso a recursos para la conservación y restauración de monumentos.

Pero una de las críticas más fuertes es la poca integración de distintos sectores relacionados al futuro ministerio. “Es un proyecto inconsulto con las organizaciones sindicales representativas y lejos de dar seguridad a los trabajadores de la cultura y el patrimonio, repite los mismos errores de otros servicios públicos creados en los últimos años, no reconociendo antigüedades, experiencias acumuladas”[3], plantean, entre ellos, la alcaldesa de Providencia, Josefa Errazuriz y el candidato a diputado, Giorgio Jackson.

Por otra parte, Fernando Gaspar, director del Programa de Políticas Culturales de la Fundación Chile 21 apunta a que “la creación de un ministerio es más bien una propuesta que requiere un diagnóstico previo, participación de la sociedad civil y de los especialistas, y después una definición de objetivos y de acciones o líneas estratégicas para trabajar. En este caso, yo no creo que el proyecto se haya construido de esa manera. No se hizo un buen diagnóstico sobre la situación cultural en Chile, tampoco se consultó a los especialistas o a los artistas, y por lo tanto fue un proyecto únicamente del ministro pasado junto a sus asesores y las personas que él eligió para formularlo”.

Por esto, Gaspar ve como la solución más viable hacer una evaluación consciente y exhaustiva del panorama actual, para a partir de ahí poder tomar medidas según el diagnóstico. “Ahora que se cumplen 10 años de la creación del CNCA  es un excelente momento para analizar el trabajo hecho y ver en qué se ha avanzado, qué es lo que falta, cuáles son los problemas y trazar objetivos, trazar las líneas de acción. En base a eso se debe desarrollar la propuesta de una institución nueva” concluye.

EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

Las críticas referentes a la falta de diagnóstico no son ignoradas dentro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Muy por el contrario, Silva argumenta que la centralización de los organismos relacionados al patrimonio impidió realizar un mejor desempeño.

“Una vez instaurada la idea de formar el ministerio se empezó a realizar un diagnóstico a distintos actores culturales a lo largo de todo el país, utilizando la capacidad instalada que tiene el consejo de la cultura por contar con direcciones regionales en cada región”, dice el asesor. Y culmina: “No pasó lo mismo con las instituciones patrimoniales, porque la Dibam y el consejo de monumentos nacionales son instituciones que se les llama “concentradas”, lo cual quiere decir en términos jurídicos que tienen solamente presencia a nivel central”.

Pero más allá de la participación previa al proyecto, lo que hace menester la creación del Ministerio de Cultura es la necesidad de un reordenamiento de los organismos relacionados a este ítem, para que de una vez por todas formen parte de un mismo ente que les permita actuar de manera más directa. Sólo así se podrán materializar avances concretos en la materia, que, por lo demás, merece una cartera propia por ser uno de los puntos clave para el desarrollo del país.

Muy buen reportaje, muy buen uso de las citas.
Salvo el último cuadro de la image y por señalar que depende presupuestariamente del ministerio de educación, habría sido perfecto. Lo que se discutió el pasado 4 de sept. Fue la aprobación de la idea de legislar, no del proyecyo mismo.




[1] Ley n° 19.891, artículo 2°. Ley del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
[2] CNCA (2013). Proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura.
[3] Giorgio Jackson y Josefa Errázuriz rechazan proyecto del gobierno para crear el Ministerio de Cultura. Recuperado el 5 de septiembre desde http://www.revistaintemperie.cl/2013/09/05/giorgio-jackson-y-josefa-errazuriz-rechazan-proyecto-del-gobierno-para-crear-el-ministerio-de-cultura/





 [KP1]Habría sido importante contextualizar sobre la importancia de Ivelic en el ámbito cultural


 [KP2]Error, solo depende en lo que respecta a “actos administrativos”, pero cuenta con patrimonio propio. Ver Artúclo 1 de la Ley que crea el CNCA.




ENSAYOS 

 Descentralización cultural


María Ester Ibarra Córdova

La sociedad actual está inmersa en un mundo cada vez más interconectado, donde existe una constante apertura a nuevos mercados, cada día se firman nuevos tratados internacionales y el concepto globalización aparece frecuentemente para explicar el estado actual de la sociedad.

Sin embargo, que se utilice reiteradamente este término para definir los hechos que forman parte de la cotidianeidad mundial, no significa que sea sinónimo de un desarrollo positivo o que sea empleado de la manera correcta.
Como señala García Canclini, los análisis acerca de la globalización evidencian ambigüedad, puesto que en algunos casos es visto como un proceso homogeneizador de consecuencias provechosas, pero en otros, como acentuador de la segmentación desigual en el mundo.[1]

Actualmente, y consecuencia de lo antes planteado, existe una constante interacción entre lo global y lo local, que provoca que se esté simultáneamente protegiendo y promocionando la cultura de cada nación.

Esta interacción se puede ver plasmada también, a menor escala, dentro de un mismo país. En el caso de Chile, la analogía al concepto global/local se personifica en lo sucedido con Santiago, respecto al resto de las regiones.

De esta manera, analizando la realidad nacional, se observa cómo la capital del país posee preponderancia respecto a otras ciudades del territorio nacional, y cómo esta centralización se refleja, también, en el desarrollo cultural.

El tiempo o páginas destinadas por los medios de comunicación a lo ocurrido en Santiago en comparación al resto de Chile, es solo un ámbito que refleja lo ya mencionado. Basta con observar los minutos dedicados en noticiaros, calificados como nacionales, a lo ocurrido en la capital del país, para darse cuenta que esta zona domina casi la totalidad de la pauta informativa. 


Sin ir más allá, los principios de la democratización de la cultura plantean: acercar esta a todas las personas, una voluntad pluralista que va en contra de una estrategia de uniformidad de la cultura que sería propia del totalitarismo, y descentralizar la cultura a través de la infraestructura y canales de difusión.

En un país sumido en un mundo que se cataloga como globalizado, volver a lo local y otorgar más participación a la ciudadanía en la decisión de problemas que también a ellos concierne, es también respetar los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales, tales como, la promoción de la identidad cultural o la protección de su diversidad.

Tal como plantea Cubeles en “Políticas culturales y el proceso de mundialización de las industrias culturales”, en un territorio donde el espacio cultural y comunicativo ha sido “ocupado” progresivamente por la difusión de producciones culturales originarias de otros países (sobre todo de Estados Unidos), se ha planteado definir políticas que busquen la protección del espacio cultural propio respecto del exterior y fomenten la creación cultural en el interior.[2]

Para lograr esto, la descentralización es clave, puesto que es el proceso adecuado para  obtener una correcta difusión de una cultura tan múltiple y variada como la chilena.

Finalmente, el desafío está en comprender que empoderar a las regiones y asumirse como una nación multicultural, es más que un proceso pertinente a temas meramente administrativos o de financiamiento. Reforzar las identidades culturales y cómo se estructura cada región, aprendiendo qué significa vivir en un determinado territorio, es el desafío para aprender de la cultura.



[1] García Canclini, Néstor (1999): “La globalización imaginada”, Paidós, p.32.
[2] Cubeles, Xavier (s/f): "Políticas culturales y el proceso de mundialización de las industrias culturales".
[3] Correa Díaz, Germán (1999): "Descentralización para el desarrollo humano en Chile: Lecciones y desafíos del proceso", p7.








Democracia cultural comunal: una deuda pendiente

Natalia Araya.

Lentamente nuestro país ha ido asumiendo que es una nación multicultural. Mucho se habla sobre lo extenso del territorio, sobre las diversas costumbres y tradiciones, y sobre lo significativo de estas diferencias a la hora de implementar una política cultural.
De acuerdo a esto, se entiende la importancia de la diversidad en las tradiciones, sin embargo, cada vez prestamos menos atención a lo comunal, dejando de lado un amplio segmento de la población, la cual no tiene un acceso real y efectivo a distintas actividades culturales.

Democracia cultural… ¿En todas las comunas?

La globalización es un proceso que nos ha traído grandes beneficios: estamos intercomunicados a través de los espacios web, y las computadoras han sido dejadas de lado gracias a los Smartphone.
Enfocándonos en Santiago, tenemos acceso a una gran cantidad de eventos, fiestas, conciertos, obras de teatro, ciclos de cine, danza, y un largo etc., sin embargo, la mayoría de estas se concentra en ciertas comunas de la gran capital.
Reconocemos que Providencia, Santiago, Ñuñoa y Las Condes son las comunas más prolíficas culturalmente hablando pero, ¿qué pasa con el resto?
Comunas más alejadas del centro de la Capital cuentan con espacios suficientes para satisfacer la gran mayoría de las necesidades culturales de sus habitantes, entendiendo su pluralidad (Pedro Aguirre Cerda no tendrá las mismas necesidades o intereses que San Bernardo, El Bosque o La Florida).
Según Néstor Canclini, la empresa privada, y los grandes conglomerados han concentrado el poder, desde la política hasta la cultura, entonces, “Esta reestructuración de las prácticas económicas y culturales conduce a una concentración hermética de las decisiones en élites tecnológico-económicas y genera un nuevo régimen de exclusión de las mayorías incorporadas como clientes.”1
__________________________________
1. CANCLINI, Néstor. “Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización”. P25

Bajo esta premisa de Canclini, no es difícil entender el nivel de “aglutinamiento cultural” que existe hoy en día: La gran mayoría de los espectáculos no se desarrollan en las llamadas comunas periféricas, y esto no pasa porque no existan instancias de reunión y esparcimiento en ellas, sino porque la gente prefiere migrar para satisfacer sus necesidades. 
Uno de los principios de la democracia cultural es la posibilidad de descentralizar la cultura a través de medios de difusión e infraestructura.
Si ponemos un ejemplo, San Bernardo es la “Capital del Folclore” dentro de la Gran Capital. En esta comuna se llevan a cabo una serie de eventos a lo largo del año, y muchos de ellos pasan desapercibidos porque no cuentan con los suficientes recursos como para difundirlo de mejor manera, aun teniendo la infraestructura y espacio para poder recibir a un público mayor.
Y esto sucede en todo orden de cosas, desde las manifestaciones culturales, pasando por las bibliotecas y liceos. Aunque hoy se asume la dependencia a estas elites “tecnológico-económicas”, la gran mayoría de la población sigue replicando  estructuras diseñadas hace ya muchos años: la obra de teatro que se desarrolle en un espacio más céntrico, y por la que se cobre cierta cantidad de dinero, siempre será mejor que la obra gratis que se esté presentando en la comuna periférica”.

La recuperación del Barrio.

Los gestores culturales tienen dificultades para implementar este objetivo. Factores económicos frenan el completo desarrollo que debiesen tener estos proyectos, muchos dejados de lado por carencias aún más prioritarias. La evolución lógica, entonces, debiese ser en todas las áreas, ya que en el fondo, forman parte de nuestra cultura.



Jóvenes sin reflejo
Gianyser González

La cultura ha sido asociada al desarrollo de un país desde hace bastante tiempo, sin embargo, así como lo planteó la UNESCO en 1997 “(…) La cultura, por importante que sea como instrumento del desarrollo, no puede ser relegada a una función subsidiaria de simple promotora del crecimiento económico(..) (1)  “. Si hacemos una retrospectiva podemos darnos cuenta de cómo el factor cultural en nuestro país, como en muchos otros, se ha tornado un medio para alcanzar el crecimiento económico que nos permita competir con las grandes potencias. Parece ser esto lo que más preocupa a los que se encargan que dirigir el país,  quienes, a su vez, poseen una visión sujeta a las leyes del mercado y han olvidado la importancia de la cultura para el desarrollo humano y espiritual.

Hoy en día la mayoría de los jóvenes chilenos que hemos nacido en la ciudad, bajo un sistema neoliberal y en medio del fenómeno de la globalización, que visitamos el campo como un panorama para las vacaciones y que solo hemos escuchado acerca de los pueblos originarios de nuestro país en los libros de historia, no logramos encontrar nuestra identidad, no tenemos reflejo. 

Nos hemos acostumbrado a mirar con ojos de turista lo que existe dentro nuestros propios límites geográficos. En las escuelas nos intentan recordar que tuvimos un pasado, el cual nos evocan a través de una fotografía de los casi olvidados Onas, un poema de Elicura Chihuailaf o una recopilación de información sobre instrumentos Mapuches, para que nos enteremos de lo que existe más allá de la guitarra, la batería, el bajo y el teclado. Algunos afortunados recuerdan como contar hasta diez en mapudungun.
Nuestra extraviada identidad también apela a la empanada, los asados, la cueca y la tonada, la bandera tricolor y el copihue, aunque jamás hayamos visto uno. Es lo que nos han dicho acerca de ser chileno. Mientras, en nuestro computador habitan cientos de canciones con nombres en inglés que tarareamos sin saber lo que dicen, adoptamos modas de series extranjeras y renegamos contra nuestros ojos de color café o el cabello oscuro. Se ha desatado la crisis de identidad cultural.

La verdad es que no podemos cerrarnos a la globalización, así como plantea el historiador Gerardo Caetano “(…) hoy cuando hablamos de políticas culturales no podemos olvidar que hay  supranacionalidad informal así como espacios públicos transnacionales, desde donde también se definen acciones culturales decisivas (…)” (2). Este fenómeno mundial nos ha alcanzado y ha generado confusiones y ambigüedades.

Antes de recibir lo que viene desde fuera es necesario encontrarnos a nosotros mismos. Encontrar ese punto clave que nos hace diferentes a cualquier otro país de globo y que, al mismo tiempo, nos identifica a cada uno de nosotros. No hay duda de que necesitamos  algo que nos guie en esta tarea, y es la educación la herramienta única y eficaz para llevarla a cabo.

Existen entonces dos conceptos claves: educación y cultura, los cuales se deben trabajar en conjunto para salvar esta crisis de identidad que nos aqueja. La educación no solo debe guiarnos para encontrar la raíz de nuestra existencia que definiría nuestra cultura, sino que también es menester la promoción e inserción efectiva de la tolerancia, el respeto, el amor, la solidaridad y el entendimiento de lo “otro” como válido, diverso y no excluyente.

A través del fomento de estos valores, que deben ser el cimiento más fuerte e importante del ser humano, sería posible derrocar la hipocresía, los estereotipos, la competitividad y la intolerancia. Estos antivalores son los que se han impuesto en nuestra sociedad y han infundido el miedo y el sometimiento, inhibiendo muchas veces la creatividad y la libre expresión ante el temor de burlas, ataques y desprecios.

En conclusión, el diagnóstico de la sociedad chilena actual ya existe, lo que falta es una estrategia significativa para llevar a cabo el importante propósito de entregarnos un reflejo a cada uno de los ciudadanos.

1.     UNESCO, Informe Mundial de Cultura y DesarrolloNuestra Diversidad Creativa”, 1997.
2.     CAETANO, GERARDO. Políticas culturales y desarrollo social. Uruguay. 2003. p3.












5 comentarios:


  1. Chile, un paso atrás del resto


    Dentro de la Declaración de Friburgo, los derechos culturales se reconocen como una necesidad para el desarrollo humano en su totalidad. La cultura es reconocida como un todo, abarcando tanto valores, creencias, tradiciones, costumbres y modos de vida de una sociedad, cuyos elementos que la conforman serán respetados sin importar sus orígenes.

    Desde este punto de vista, los derechos culturales se enfocan como normativas que regularizan y resguardan la conservación de la cultura y, en consecuencia, de la identidad y comunidad total.

    Para lograr ello, el enunciado se construye por medio de artículos que proclaman, por ejemplo, el respeto, protección y puesta en práctica de los derechos que en ella se publican, la libertad de escoger la comunidad cultural a la que se pertenece, el respeto por esta, el acceso y participación a la vida cultural, etc.

    El Eje Promoción de las Artes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por su parte, tiene un enfoque más acotado, que no incluye todas las manifestaciones culturales existentes. Si se observan cada uno de los postulados en este eje, se advierte cómo prevalecen los dividendos económicos que estas pueden conllevar al posicionar el término industria cultural como motor de desarrollo, definiendo esta como aquellas actividades que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural.

    En un contexto de heterogeneidad de actividades, el objetivo puede estar bien encaminado. Sin embargo, es preciso nombrar la idea que la industria cultural en Chile está limitada a ciertas actividades, las cuales tendrán un mayor apoyo estatal, debido al gran alcance que tienen dentro del público. Dentro del Consejo Nacional de la Cultura, las industrias culturales son, entre otras, la televisión, la radio, los diarios o revistas.

    En este ámbito, la declaración de Friburgo no discrimina ninguna actividad que pueda permitir el desarrollo de algún individuo, sino que estimula todo tipo faenas, incluso las que para el caso chileno no son una “industria”, como la cerámica o el teatro, que si bien pueden ser parte del programa a desarrollar del Consejo, no son una industria que se masifique en sí por tener menor alcance hacia el público.

    Ante situaciones como la mencionada con antelación, la UNESCO plantea la necesidad de considerar a la cultura como todo lo que hace el ser humano, en donde la originalidad y pluralidad de las identidades resultantes desencadenarán una humanidad íntegra.

    En correspondencia, la realidad chilena podría tomar ribetes como los establecidos en la legislación ecuatoriana, la cual desde el 2008 originó una Constitución que garantiza el acceso a los derechos culturales de los individuos y de las colectividades diversas, en condiciones de equidad, promoviendo así la creación, difusión y acceso a diversas propuestas culturales, independiente del contexto socioeconómico en el que estén inmersos. De esta forma, se deja atrás la relación al concepto de cultura como algo remitido solamente a las artes y letras, y se comprende como mucho más que la producción artística o intelectual.

    La cultura en Chile sigue siendo considerada como un escalón bajo de los otros derechos humanos. Su importancia e impulso en la comunidad es parte esencial en el desarrollo de las personas y en la posibilidad de aceptar al otro como parte de un “todo cultural”.

    “Los derechos culturales viven la paradoja de ser un concepto de éxito, pero a la vez polémico e insuficientemente elaborado”, sostiene al respecto Jesús Prieto de Pedro, arguyendo la necesidad de considerar al derecho cultural como una parte esencial de la cotidianidad de las sociedades modernas y así obtener el bien común general.

    Grupo 1: Valentina Basáez, Nicole Castillo, María Ester Ibarra y Sebastián Mora

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  2. Políticas culturales en Chile: Parcialidad, falta de profundidad

    Las ideas presentadas en la Declaración de Friburgo son claras, directas y atingentes a la hora de promover el desarrollo cultural en sus diferentes estadios, a su vez, es pertinente destacar las diferencias con las políticas culturales nacionales, pues específicamente el artículo 9 es el más débil en su respeto gubernamental.
    El Artículo 9 (Principios de gobernanza democrática) señala:
    “El respeto, la protección y la puesta en práctica de los derechos enunciados en la presente Declaración implican obligaciones para toda persona y toda colectividad. Los actores culturales de los tres sectores, públicos, privados o civiles, tienen, en particular y en el marco de la gobernanza democrática, la responsabilidad de interactuar y, cuando sea necesario, de tomar iniciativas para:
    a. Velar por el respeto de los derechos culturales, y desarrollar modos de concertación y participación, con el fin de asegurar la puesta en práctica, en particular para las personas desaventajadas por su situación social o de pertenencia a una minoría”.
    Precisamente las políticas en torno a los sectores más desvalidos presentan carencias fundamentales, pues tal como se expresa en el documento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se puede apreciar el nulo énfasis en tales materias.
    Por otro lado, es necesario destacar el apoyo gubernamental hacia los artistas y creadores, lo cual permite un desarrollo seguro bajo parámetros legales en contribución al fomento de actividades (artísticas, culturales, económicas, tecnológicas).
    Resulta interesante destacar en la Promoción de las Artes el punto 1.3 de “Fortalecer la creación artístico-cultural” donde se expone promover alianzas estratégicas con sectores del ámbito cultural, aquel indica promover alianzas para fortalecer la televisión cultural y mejorar su calidad, falencia sustancial en el desarrollo actual del medio audiovisual.
    Llama la atención la manera de estructurar las Promoción de las Artes a través de sus distintos puntos: 1. “Fortalecer la creación artístico-cultural”; 2. “Visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo”; 3. “Fortalecer y actualizar las normativas relacionadas con el arte y la cultura”; 4. “Contribuir a instalar los bienes y servicios artísticos culturales en el escenario internacional”; 5. “Fortalecer el reconocimiento de los derechos de autor”; 6. “Promover la creación cultural vinculada a plataformas digitales a través de las nuevas tecnologías de la comunicación”, sin dirigir el discurso hacia un trasfondo social que enmarca a la sociedad, ya que se plantean objetivos hacia el fortalecimiento institucional, pero sin incluir a la ciudadanía en aquel proceso.

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  3. El punto tres quizás da pauta para radicalizar las políticas culturales, en aspectos legales y ad hoc a los tratados y políticas internacionales. Pero son parciales, y no hay mayor profundidad en ámbitos generales. Mientras tanto, el punto cuatro, fortalecer las redes nacionales en espacios internacionales, resulta bastante óptimo, como plataforma de artistas y para potenciar la cultura local.
    A modo de conclusión, es fundamental desarrollar una política cultural más integradora, dirigida a todos los estamentos y sectores sociales, con la intensión nuclear o matriz de establecer asociaciones entre instituciones, ciudadanos y empresas. La política cultural 2011-2016 expresada por Consejo Nacional de la Cultura y las Artes son el primer paso para avanzar con mayor audacia y profundidad en el desarrollo cultural del país de modo transversal y horizontal. Parafraseando a Jesús Prieto de Pedro en Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos se deben potenciar las redes institucionales desde el Estado, fortalecer las políticas para una buena implementación de estas. Las políticas culturales son un proceso a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto, es adecuado ir paso a paso, sin apresurar resultados y trabajar acorde a las necesidades, herramientas y entorno. Falta mucho en comparación con las políticas culturales ecuatorianas, pero se va en buen camino.



    Referencias:

    Política cultural 2011-2016, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011), Santiago de Chile.

    Los Derechos Culturales, Declaración de Friburgo (2007), Friburgo, Suiza.

    Jesús Prieto de Pedro, Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos (Artículo publicado en la Revista Crítica, número 952, marzo 2008, págs. 19 a 23).

    Políticas para una revolución cultural, Ministerio de Cultura de Ecuador (2011), Quito.


    Grupo 3: Nicolás Cuevas, Andrés Vera, Jairo Urbina, Pablo Oyarzún, Gonzalo Arce.

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  4. Políticas culturales para unos pocos

    “Un impulso de la doctrina de los derechos culturales y una positivización en los textos internacionales y las constituciones”, es lo que propone J. Prieto en su artículo sobre derechos culturales. Con esto, se coloca sobre la mesa un tema de aprobación mundial, realzar los derechos culturales a un nivel primordial como el mecanismo correcto para alcanzar el efectivo desarrollo de las personas y las sociedades.

    La declaración de Friburgo es uno de los textos que establecen de manera clara la conformación de estos derechos culturales y promueven la base para las políticas culturales de los países argumentando que estos derecho son “expresiones y exigencias de la dignidad humana – al igual que los derechos humanos-“.

    En Chile, la declaración de las políticas culturales del periodo 2011-2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, promueve en gran medida el desarrollo de la cultura en base a propuestas que buscan el correcto desarrollo de la sociedad a través de la cultura, sin embargo, respecto a las declaraciones de Friburgo, esta queda incompleta.

    Al realizar un paralelo entre ambas declaraciones, no cuesta evidenciar los distintos enfoques con que se idean los derechos culturales y los intereses con se espera contribuir a la sociedad.

    Por ejemplo, el fortalecimiento de las industrias culturales es uno de los motores de desarrollo cultural que se contemplan en Chile, así como también, el fortalecimiento de las identidades locales y en la difusión internacional de los imaginarios que queremos proyectar como país. El carácter neoliberal de estas declaraciones demuestra la posición del Consejo de la Cultura y las Artes, por cuanto se intensifican las ayudas a las grandes industrias.

    Por su parte, Friburgo apela a la justa distribución del apoyo a las manifestaciones culturales en todos los sectores sociales, sin discriminar sus alcances, sean estos a nivel nacional o internacional.

    Principios de gobernanza democrática – art 9:

    “Velar por el respeto de los derechos culturales, y desarrollar modos de concertación y participación, con el fin de asegurar la puesta en práctica, en particular para las personas desaventajadas por su situación social o de pertenencia a una minoría.”

    La promoción de la creación y difusión de las actividades artísticas y culturales, en el lugar 2.2 del punto “Visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo”, se establecen planes de promoción de las industrias culturales a través de convenios con el sector privado, mediante métodos que garanticen el desarrollo y la sustentabilidad de estas.

    Esta consideración es un tanto injusta, pues las manifestaciones culturales más rudimentarias, emergentes, con menos recursos, muchas veces no logran el apoyo que, gracias a gestiones especializadas, consiguen las industrias culturales bajo el alero de la publicidad masificada a la que tienen acceso. Respecto a esto, Friburgo establece lo siguiente:

    “Respetar, proteger y satisfacer los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, en condiciones de igualdad, y consagrar el máximo de recursos disponibles para asegurar su pleno ejercicio” Art.11- b.

    Entonces, en la práctica los recursos se los llevan las grandes industrias culturales, dejando de lado las manifestaciones culturales locales o que recién se inician.

    Otro punto importante que se puede destacar es respecto a las raíces culturales del país. Dentro de las políticas culturales chilenas se mencionan en algún momento las raíces, aludiendo a la reencuentro por parte de los músicos nacionales con sus raíces, algo que por cierto ha sido por causa propia y no por mérito del Consejo de las Artes.

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  5. Las políticas públicas de Ecuador establecen dentro las políticas y estrategias para la descolonización, la idea de Descolonizar el poder, donde se puede leer una manifestación de unidad en la interculturalidad del país.
    1. Descolonizar el poder. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, intercultural, respetuosa de las diferencias, promotora de la equidad, conocedora y orgullosa de nuestra historia, de lo que somos y de nuestras características como pueblo.
    2. Aportar a la formación de una sociedad democráticamente consciente y crítica de todo tipo de discriminación y encaminada a la construcción de la autoestima, el orgullo y la unidad interna del país.

    Ciertamente, el reconocimiento de la diversidad cultural que forma parte del territorio nacional es el camino a seguir para un correcto desarrollo; las políticas culturales en Chile no consideran de manera integral esta inclusión cultural en la sociedad.

    El desarrollo de la sociedad a través de la cultura significa un proceso equitativo de las clases sociales, más parejo para todos. Las políticas culturales deben considerase ante todo como parte de los derecho humanos, como se plantea en la declaración de Friburgo, más que como regulaciones para el sistema ya establecido que beneficia y contenta a las grandes industrias.

    La declaración de las políticas culturales correspondientes al periodo 2011-2016 es la concreción escrita para dejar al sistema tranquilo, pues a nuestro juicio, no comparten las ideas fundamentales de Friburgo o las políticas culturales de Ecuador. El apoyo del Estado debe ser no sólo una promoción de las artes y la cultura a nivel internacional - como le da énfasis la declaración de políticas públicas-, sino también el apoyo debe centrarse en los fondos suficientes para ayudar las iniciativas artísticas emergentes, no sólo las consagradas.


    Política cultural 2011-2016, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011), Santiago de Chile.

    Los Derechos Culturales, Declaración de Friburgo (2007), Friburgo, Suiza.

    Jesús Prieto de Pedro, Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos (Artículo publicado en la Revista Crítica, número 952, marzo 2008, págs. 19 a 23).

    Políticas para una revolución cultural, Ministerio de Cultura de Ecuador (2011), Quito.


    Grupo 5 : Claudia Hidalgo, Camila Muñoz, Ariel Soto y Beatriz Uribe

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